Gremios culturales, medios y la Comisión de Hacienda cuestionan un artículo del proyecto de Reconstrucción que amplía excepciones al derecho de autor y crea un fondo estatal que no compensa a titulares
01Propuesta del Ejecutivo: el gobierno introdujo en el proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional (artículo 8) un nuevo artículo 71 T a la Ley N° 17.336 que habilita, “sin remunerar ni obtener autorización del titular”, actos de reproducción, adaptación, distribución o comunicación pública de obras lícitamente publicadas cuando se realicen para la extracción, comparación, clasificación, entrenamiento, desarrollo o despliegue de modelos de inteligencia artificial, o cualquier otro análisis estadístico de datos de lenguaje, sonido o imagen.
02Creación de un Fondo estatal: la indicación también incorpora un Título VIII que crea un “Fondo de Promoción y Protección de la Propiedad Intelectual”, administrado por un comité interministerial, con un monto mínimo anual equivalente a 70.000 Unidades Tributarias Mensuales, financiado con activos del Tesoro, presupuesto, donaciones y aportes, y cuya operatividad estaría condicionada a que las empresas beneficiarias comiencen a generar ingresos brutos.
03Rechazo amplio de gremios culturales y creativos: organizaciones como IFPI Chile, APCT, IMI Chile, la Academia de Cine de Chile, EGEDA y la SCD manifestaron su “total rechazo”, advirtiendo que la indicación amplía una excepción ya previamente objetada y pone en riesgo la base del derecho de propiedad intelectual en Chile.
04Críticas de la SCD: la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales calificó la indicación como “aún peor” que el texto original, sostuvo que deja a autores e intérpretes en “indefensión total” frente a empresas de IA, y pidió al Congreso eliminar el artículo 8 y excluir explícitamente el repertorio artístico de cualquier excepción relacionada con IA.
05Argumentos legales y convencionales: la ANP y otros gremios sostienen que la indicación contraviene estándares internacionales (Convenio de Berna, Acuerdo sobre los ADPIC, tratados OMPI) porque elimina salvaguardas como la regla de los tres pasos y restringe la posibilidad de las limitaciones solo a casos especiales sin perjuicio injustificado al titular; además denuncian que la cláusula de “no entrar en conflicto con la explotación normal de la obra” deja fuera la exigencia de no causar perjuicio injustificado.
06Crítica al Fondo como falsa compensación y alegato de “expropiación regulatoria”: la ANP y otras entidades afirmaron que el Fondo no constituye indemnización constitucional por la privación de atribuciones esenciales del dominio (autorizar usos comerciales y recibir remuneración), porque no paga a los titulares en proporción al uso, se administra sin participación de los afectados, se financia con recursos públicos y condiciona su vigencia a hechos de difícil exigencia frente a plataformas globales.
07Medios y televisión piden opt-out y exclusión de contenidos periodísticos: ANATEL y ANP advirtieron que la indicación permitiría a empresas extranjeras usar contenidos periodísticos, audiovisuales y culturales sin pago ni autorización; solicitaron un mecanismo de reserva de derechos (opt‑out) similar al de la Unión Europea y pidieron que la discusión sobre IA y propiedad intelectual se tramite en la ley específica de IA y no en la ley de reconstrucción.
08Rechazo en la Comisión de Hacienda (13–14 de mayo): la Comisión de Hacienda de la Cámara votó en contra del artículo 8 en sus dos versiones —el texto original y la indicación sustitutiva del Ejecutivo—. En la votación del 14 de mayo la moción original obtuvo siete votos en contra y cinco a favor (con una abstención); la indicación también fue desestimada por equilibrio de votos y abstención. Votos clave en contra provinieron de diputados oficialistas (entre ellos Diego Schalper, RN), lo que marcó un desmarque del propio sector del gobierno.
09Escenario y pasos siguientes: aunque la Comisión rechazó la propuesta, organizaciones y diputados advierten que el Ejecutivo puede reponer el artículo en la Sala de la Cámara o presentar una nueva moción en el Senado; gremios insisten en abrir un diálogo formal con titulares de derechos y en excluir expresamente contenidos periodísticos y repertorios artísticos de cualquier excepción para entrenamiento de IA.