Iniciativa focalizada en el 80% más vulnerable promete alivio a hogares y costará hasta US$100 millones el primer año.
El Gobierno ingresó al Congreso un proyecto de ley que reembolsa el 19% del IVA pagado en medicamentos esenciales y pañales a beneficiarios del 80% más vulnerable, según el Registro Social de Hogares. El reembolso no se aplica en cajas: las compras se pagan y el Estado devuelve el impuesto posteriormente a través del Bolsillo Familiar Electrónico. El Instituto de Previsión Social (IPS) será el encargado de ejecutar los pagos y el Ejecutivo fijó un techo de gasto para el primer año cercano a US$100 millones. La medida nace del acuerdo con el Partido de la Gente y ahora iniciará su tramitación legislativa.
La iniciativa promete alivio directo en el presupuesto familiar de madres con niños pequeños, pacientes crónicos y adultos mayores dependientes, pero implica un impacto fiscal y un diseño operativo complejo. El beneficio exige boleta electrónica y recetas o certificados médicos, y su pago depende de cruces de datos administrativos. El tope de gasto y la necesidad de un reglamento que defina la lista de fármacos serán claves para su alcance real. La tramitación en el Congreso y la fijación del reglamento determinarán plazos y cobertura efectiva.
El reembolso corresponde al 19% del IVA cobrado en los productos incluidos y no opera como descuento en el punto de venta: los beneficiarios deberán pagar y luego solicitar la devolución. La nómina de fármacos y pañales cubiertos no está cerrada; el texto señala que la lista será definida por un reglamento que elaborarán los ministerios competentes. Los pagos se efectuarán el mes siguiente a la aceptación de los reembolsos, mediante transferencias al Bolsillo Familiar Electrónico. Este diseño busca impedir descuentos informales en comercios y mantener control fiscal sobre los montos cubiertos.
La cobertura estará focalizada en hogares pertenecientes al 80% más vulnerable, según el Registro Social de Hogares (RSH). Entre los beneficiarios previstos están madres de niños y niñas de hasta 24 meses, adultos mayores de 65 años con condiciones de incontinencia o dependencia acreditadas, y pacientes crónicos que requieran tratamientos permanentes. En casos de dependencia severa, el reembolso podrá recibirlo la persona cuidadora acreditada. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia remitirá mensualmente las nóminas de beneficiarios potenciales para la validación.
El Ejecutivo fijó un límite del gasto anual para el primer año —plasmado en el proyecto— que se financia inicialmente con cargo al presupuesto del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y que el Ministerio de Hacienda suplementará desde la Partida del Tesoro. En ejercicios posteriores, el tope se ajustará conforme a la tasa de crecimiento de los ingresos estructurales calculada por la Dirección de Presupuestos. Esa regla determinará cómo se escalona el beneficio si la demanda supera las estimaciones iniciales.
La implementación operativa recaerá en el Instituto de Previsión Social (IPS), que deberá cruzar boletas electrónicas y recetas para ejecutar transferencias a la CuentaRUT a través del Bolsillo Familiar Electrónico. El proyecto establece requisitos estrictos para evitar fraudes: compras en comercio formal con boleta electrónica, receta médica electrónica vigente para fármacos y certificados médicos para pañales de adultos. Además contempla sanciones por falsificación de datos, lo que obligará a robustecer los controles digitales.
Los artículos coinciden en el diseño y focalización, pero presentan la estimación fiscal en monedas distintas: algunos textos hablan de un tope de US$100 millones para el primer año, mientras que otros lo cuantifican como "más de $90 mil millones" en pesos chilenos. Esa diferencia es de presentación y puede generar confusión sobre el monto exacto en moneda local.
El próximo hito es la tramitación en el Congreso: comisiones deberán revisar el texto y el Ejecutivo debe promulgar el reglamento que fijará la lista de fármacos cubiertos. También estará pendiente la verificación del ajuste presupuestario por la Dirección de Presupuestos, cuyo cálculo anual influirá en el tope de gasto aplicable al ejercicio siguiente.